El Tribunal Constitucional de España ha avalado la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva aprobada en 2023, que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento paterno.
Esta decisión fue tomada por una mayoría de siete votos a cuatro, rechazando así el recurso presentado por unos 50 diputados del partido Vox.
La reforma de 2023 modifica la ley de 2010 promovida por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, conocida como la «Ley Aído». Aunque esta ley ya permitía a las menores abortar sin permiso parental, el Tribunal Constitucional no había abordado este aspecto en una sentencia anterior porque el artículo correspondiente había sido derogado en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy. Con la nueva decisión, la norma de 2010 con las modificaciones de 2023 está en pleno vigor sin sospecha de inconstitucionalidad.
Detalles de la reforma
La reforma permite a las menores de 16 y 17 años acudir a una clínica abortista sin informar a sus padres. Además, elimina el requisito de informar a las mujeres sobre las posibles consecuencias físicas y psicológicas del aborto y suprime los tres días de reflexión. La ley también establece una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y un servicio de asistencia y acompañamiento integral para las mujeres.
Otra modificación significativa es la exclusión de los objetores de conciencia de los comités clínicos que deciden sobre abortos después de las 22 semanas de gestación. Los profesionales sanitarios que rechacen realizar abortos por razones de conciencia deben manifestar su decisión por escrito con antelación.
La sentencia ha provocado reacciones diversas. El partido político Vox ha criticado la decisión, argumentando que deja desamparadas a las jóvenes en momentos vulnerables y ataca el valor de la vida humana. Además, han señalado que seguirán promoviendo una cultura de la vida y ofreciendo alternativas a las mujeres embarazadas.
Por otro lado, la plataforma NEOS ha expresado que la sentencia muestra que el Tribunal Constitucional actúa como un instrumento del gobierno actual, en lugar de defender claramente el derecho a la vida.
Esta decisión marca un momento significativo en la política de salud reproductiva en España, consolidando derechos para las menores y generando un amplio debate sobre el alcance y las implicaciones de estas reformas en la sociedad española.
