El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomó una decisión trascendental el 20 de enero de 2025, al responsabilizar a Ecuador y Nicaragua por vulnerar los derechos de tres niñas latinoamericanas que sobrevivieron violencia sexual y fueron forzadas a ser madres. Esta resolución establece un precedente internacional y refuerza la lucha por la protección de la infancia.

Reconocimiento del daño y exigencia de justicia
El fallo, impulsado por la coalición Son Niñas, No Madres, destaca que los Estados violaron derechos fundamentales como la vida digna, el acceso a la justicia, la no discriminación y la integridad personal. Además, exige medidas inmediatas para reparar el daño a las víctimas y garantizar que ningún otro caso similar vuelva a ocurrir.
Estas medidas incluyen:
- Acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual o riesgo para la salud de la niña.
- Protección y apoyo integral a las víctimas, incluyendo asistencia psicológica y social.
- Capacitación obligatoria a profesionales de salud y justicia para garantizar atención adecuada a niñas en situación de violencia.
- Indemnización y acompañamiento educativo para que las sobrevivientes retomen sus proyectos de vida.

Una crisis regional: el impacto de la violencia sexual en niñas latinoamericanas
Latinoamérica enfrenta una grave crisis de embarazos infantiles forzados. Según datos de la ONU, la región tiene la segunda tasa más alta de partos en niñas menores de 15 años, y uno de cada cinco embarazos infantiles proviene de violencia sexual. En muchos casos, las víctimas son sometidas a violaciones reiteradas y quedan atrapadas en un sistema que las priva de su infancia y sus derechos.
El Comité de la ONU enfatizó que negar el acceso a servicios de salud reproductiva perpetúa la discriminación de género y reafirmó que las niñas no deben ser forzadas a la maternidad.
Un llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional
Las organizaciones que lideran esta causa han instado a Ecuador y Nicaragua a cumplir con las condenas sin demoras. Además, han solicitado a la comunidad internacional que mantenga la presión sobre estos gobiernos para garantizar justicia y evitar que otras niñas enfrenten la misma realidad.

Este fallo también marca un precedente global. Al vincular a más de 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la decisión puede influir en reformas en otras naciones donde las niñas siguen enfrentando maternidades impuestas.
Las historias de Norma, Susana y Lucía han inspirado una lucha global. Su valentía al denunciar sus experiencias abrió un camino para que miles de niñas en el mundo vivan su infancia sin miedo y sin ser obligadas a ser madres.
Esta condena no solo representa un avance en el ámbito legal, sino que también reafirma el derecho de las niñas a decidir sobre su futuro, crecer con dignidad y vivir libres de violencia.